Mery «Balvina» Muñoz, La historia de una exiliada venezolana en Colombia

Cuando las autoridades venezolanas arrestaron a su mamá en el 2014 bajo cargos que ostensiblemente tenían razones políticas, su hermano se ocultó y Mery Muñoz quedó sola.

Con solamente 16 años, vivió sola en una casa que era saqueada regularmente por la policía y grupos armados respaldados por el gobierno, conocidos como colectivos. La agredieron y amenazaron mientras destruían muebles, puertas e incluso una pared, para probar que podían salirse con la suya.

Mery «Balvina» Muñoz, una exiliada venezolana en Colombia, no tiene permiso de trabajo. Así que pasa la mayoría de los días cantando para ganarse unas monedas, incluyendo esta canción que su madre escribió mientras estuvo encarcelada en Venezuela.

Le echaron abajo la puerta del frente tantas veces que por las noches tenía que protegerla con un alambre, una barrera débil que era lo único que la separaba de una de las ciudades más peligrosas del mundo.

“Es un hogar totalmente destruido”, dijo Muñoz, que ahora tiene 20 años y que se hace llamar Balvina. “No tenía hermano, mamá ni familia. [Destruyeron] una pared que estoy acostumbrada a ver pintada de blanco. Todo lo que quedó fue la ubicación geográfica de un hogar. Eso fue lo único que no se pudieron llevar”.

Después de batallar durante más de un año, Muñoz finalmente pudo conseguir la liberación de su mamá, pero el acoso no se detuvo. Su hermano —un estudiante activista— fue detenido y torturado repetidas veces, dice la joven. Las autoridades amenazaron con volver a encarcelar a su madre si se salía de la línea. Y le advirtieron a Muñoz que ya tenía la edad suficiente para ir a prisión.

Atormentada por lo que había vivido durante los 18 meses que vivió sola, y ante las amenazas constantes, Muñoz y su mamá huyeron a Colombia en septiembre y solicitaron asilo político.

Pero lo que encontraron en las calles de Bogotá es una nueva clase de tormento. La aprobación de su solicitud de asilo puede demorar dos años y durante ese tiempo no pueden trabajar legalmente.

De manera que Muñoz sube todos los días a los atestados autobuses de la capital colombiana con una bocina portátil y se pone a cantar —algunas canciones se basan en los poemas que su madre escribió en prisión— a cambio de algunas monedas.

“Cuando no hay derecho de trabajar no hay derecho de vivir”, dijo Muñoz, quien a veces gana solamente $3 al día. “No hay derecho de comer, de vestir, de nada”.

El éxodo de más de un millón de venezolanos en años recientes ha estremecido una región poco preparada para tal ola de refugiados. La mayoría de los que huyen tratan de escapar del colapso económico, la fuerte escasez de alimentos y el hambre.

Mery Muñoz (en primer plano) observa a un grupo de músicos venezolanos tocar en un autobús en Bogotá, Colombia. Muñoz y su mamá han solicitado asilo político en Colombia, pero no les permiten trabajar mientras las autoridades procesan la solicitud.

Más de 145,000 venezolanos han solicitado asilo político en todo el mundo, según la agencia de la ONU que trata asuntos de los refugiados, alegando que su vida y seguridad física es amenazada por el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro.

Para ellos, el asilo es una ruta de escape y una oportunidad de vivir con seguridad. Pero algunos han encontrado que el sistema de asilo es tan restrictivo que representa un castigo en sí.

Muñoz dijo que a ella y a su mamá le habían dicho que una vez que llegaran a Colombia podían trabajar, solicitar asistencia y rehacer su vida.

En su lugar, en Bogotá, una ciudad de ocho millones de habitantes, les informaron que como habían llegado sin pasaporte válido —documentos que el gobierno de Caracas les negó— no podían trabajar. Un funcionario colombiano sugirió que podían tratar de vender arepas en la calle, ilegalmente, mientras procesaban sus peticiones de asilo.

Muñoz dijo que ella y su mamá se deprimieron mientras batallaban para pagar el alquiler mensual —equivalente a $200— y comprar comida. Instituciones de asistencia les ofrecen ayuda financiera de vez en cuando, pero nunca es lo suficiente para pagar las cuentas.

“No podíamos regresar a Venezuela y nos sentíamos aquí en la prisión más grande que hemos tenido”, dijo Muñoz. “Lo único bueno de esta prisión gigante que tengo es que estoy con mi mamá”.

La vecina Colombia, en particular, ha quedado abrumada por el éxodo, que las autoridades calculan en más de 600,000 venezolanos en años recientes. Aunque el gobierno ha emitido unos 155,000 permisos de trabajo temporales a los venezolanos, también deporta a los que están aquí ilegalmente.

Mery Muñoz (centro) espera con otros músicos venezolanos para tocar en el sistema de transporte público a cambio de monedas, en Bogotá, Colombia.

Anteriormente este mes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pidió a la región que tomara en cuenta a los a los venezolanos necesitados de protección humanitaria y pidió no expulsarlos y que les dieran autorización para trabajar.

Los que solicitan asilo político en Colombia se sienten particularmente vulnerables. Muchos, entre ellos la mamá de Muñoz, se muestran reacios a hablar porque ello pudiera afectar el proceso de solicitud de asilo. Agencias de asistencia en Colombia dicen que sospechan a muchos les han negado el asilo porque han expresado muchas críticas.

Muñoz dice que está agradecida de que Colombia le haya abierto la puerta a ella y a su mamá, pero dice que también le ha destruido el amor propio. De baja estatura y carácter fuerte, Muñoz dice que se esforzó en la secundaria y la universidad, y sueña con ser músico profesional. Dice que es “humillante” cantar para una audiencia cautiva en un autobús con la esperanza de que le den unas monedas.

“Me siento un monstruo de esos enormes que no cabe en ningún sitio y que en todas partes sobra, ni en Venezuela ni aquí. Y es triste porque no soy un monstruo, soy un ser humano que tiene derechos y deberes. A mi me encantaría cumplir con mis deberes como ciudadano, pero también me encantaría un derecho, el derecho de trabajar”.

 

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