Los jubilados venezolanos en Galicia, obligados a denunciar para cobrar

No les ingresan su pensión desde 2016 y tampoco pueden acceder a ayudas del Estado español porque en teoría cobran cantidades infladas por un tipo de cambio ficticio

Emigraron de jóvenes al otro lado del Atlántico, trabajaron durante toda su vida y quisieron retirarse en su tierra, Galicia. Ahora, ya jubilados, se enfrentan a una situación inesperada: han dejado de cobrar las pensiones que recibían de Venezuela y tampoco tienen ayudas del Estado español. Ni su país de nacimiento ni el que les acogió durante años les prestan ayuda. Esa es la situación de los pensionistas que cotizaron durante toda su vida en Venezuela y que desde 2016 han dejado de percibir la cuantía correspondiente a su pensión. Son emigrantes retornados -con nacionalidad española- y su única opción ahora es recurrir al Estado español a través de la vía judicial para poder aceder a una pensión no contributiva.

Solo en Galicia hay 3.000 personas en esta situación. «Son gente mayor, que en muchas ocasiones vive en aldeas poco pobladas y no tienen a quién recurrir, a veces llegan a nuestra asociación a través de Cáritas o de algún asistente social», explica María Fernanda Ruiz, responsable de Relaciones Institucionales de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Venezuela. La entidad cuenta con 235 personas asociadas solo en la provincia de Pontevedra y algo más de 600 en toda Galicia, aunque, según indica Ruiz, hay muchos más afectados que no saben a dónde acudir para reclamar por su situación. «Muchas personas tienen entre 80 y 90 años y ya no se ven con fuerzas para denunciar, no tienen hijos o alguien que les asesore para buscar un abogado de oficio y sacar adelante todo el proceso», lamenta.

«María Fernanda Ruiz: «La teoría dice que cobran 20.000 dólares al mes, pero no es cierto. A esta gente la dejó tirada Venezuela y España»

La única opción para poder obtener algún tipo de ayuda es denunciar a la Seguridad Social española o a la Xunta para que les concedan una pensión asistencial, una contributiva (a nivel autonómico) o que se les añada un complemento hasta la pensión mínima a los ingresos que reciban de la Seguridad Social española en el caso de haber cotizado algunos años en Galicia antes de haberse marchado a la diáspora.

UNA PENSIÓN IRREAL. «Este tipo de ayudas y prestaciones están disponibles para todos los españoles, no son exclusivas para las personas que hayan emigrado. Por lo tanto, ellos, como españoles, tienen derecho a ellas», explica Ruiz. Pero, ¿cuál es entonces el problema? El conflicto reside en que, al tener concedida sobre el papel una pensión, la teoría dice que los jubilados venezolanos sí cobran cada mes aunque a sus cuentas no llegue nada desde enero de 2016, cuando el Gobierno de Maduro dejó de ingresar el dinero. «Además, en teoría cobran una cifra astronómica, sobre unos 20.000 dólares al mes, porque el tipo de cambio establecido por el Gobierno venezolano es ficticio. Eso es lo que dice la teoría, en la realidad no están cobrando nada. A esta gente la dejó tirada tanto Venezuela como España», cuenta Ruiz.

A través de abogados de oficio se fueron realizando demandas particulares para conseguir, por la vía judicial, que España les conceda las ayudas que les corresponden. El problema es que el camino es demasiado largo. «Muchos de ellos enferman, se deprimen y no consiguen salir adelante con todo este proceso. Conocí a gente que falleció un mes antes de la fecha del juicio. Es una pena, porque la gente a esas edades se deprime mucho, se meten en la cama y se dejan ir», lamenta.

«María Fernanda Ruiz: «Conocí a gente que ya era mayor y falleció un mes antes de la celebración del juicio»

Una solución al problema sería que España reconociese el impago que se está produciendo por parte de Venezuela y permita que los afectados tengan acceso a las pensiones no contributivas y otro tipo de ayudas sociales. «No estamos hablando de refugiados políticos o de inmigrantes en situación irregular, sino de personas con nacionalidad española, que nacieron en pueblos como A Estrada o Lalín y que emigraron a Venezuela para ganarse la vida. Muchos de ellos hicieron casas en sus pueblos de origen pensando en retirarse aquí y ahora se encuentran con este problema», explica la representante de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Venezuela.

CONTACTO. Uno de los objetivos de la asociación es ponerse en contacto con los pensionistas afectados para darse a conocer y ayudarles. Muchos de ellos no tienen acceso a Internet o las redes sociales y no saben que muchas otras personas tienen el mismo problema. Así, la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Venezuela se encuentra en Vigo y desde allí (y desde Ourense) trabaja para los afectados de toda Galicia.

La diplomacia española ha tratado de hacer su trabajo en varias ocasiones mediando con el Gobierno de Venezuela, pero, hasta el momento, no ha tenido sin éxito. Ruiz explica que no hay confianza por parte de los jubilados en que esta situación pueda llegar a arreglarse.

De hacerlo, la devaluación del bolívar dejaría las pensiones de los jubilados españoles en números irrisorios. Así, adaptando el tipo de cambio a la realidad, la cuantía mensual de lo que cobra un pensionista no superaría los 10 euros al cambio. Sin embargo, si eso constase sobre el papel, los pensionistas sí podrían acceder a las pensiones complementarias para poder sobrevivir sin verse abocados a la exclusión social.

«Menos mal que tengo casa, porque si tuviese que pagarla no tendría suficiente»

Con 15 años, la pontevedresa Lola Cruz Fontenla emigró a Venezuela. Quería ganarse la vida, hacer algo de dinero y volver a España. Primero trabajó de peluquera y luego se hizo costurera. Ahora, con 74 años, se ha quedado sin pensión y sobrevive con una pequeña cantidad que cobra por un par de años que cotizó en España y lo que saca de hacer arreglos de costura. «De momento me puedo defender sola cosiendo. Menos mal que tengo casa y no tengo que pagarla, porque si no sí que sería difícil», cuenta a través del teléfono.

Cuando volvió a Pontevedra, en 2003, cobró la pensión durante unos años con normalidad, pero, al igual que todos los jubilados venezolanos, lleva sin ingresar nada desde enero de 2016. La situación de su hijo no es mejor y tiene que ayudarle. «Es una pena, toda la vida trabajando para nada», resume. «Por lo menos el Gobierno de aquí debería ayudarnos un poco, es fácil comprobar que no estamos cobrando», añade.

 

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