El juez anula el requisito de empadronamiento para obtener la PassVigo

El alcalde critica que esta resolución costará «millones de euros a la ciudad»

La PassVigo, la tarjeta de transporte urbano que ha sustituido a la Tarjeta Verde de Vitrasa, ya no será solo para vigueses. Así lo ha estipulado en un auto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de la ciudad que anula el requisito de empadronamiento. El Concello de Redondela presentó un contencioso después de haber hecho un requerimiento previo a la Junta de Gobierno de Vigo que no tuvo respuesta. En dicho contencioso solicita que se elimine la exigencia de estar empadronado en la ciudad olívica para poder ser beneficiario de la PassVigo, que permite bonificaciones en el servicio de bus urbano.

El magistrado señala en su resolución que esta exigencia (que dejaría fuera de las subvenciones a cientos de usuarios, especialmente de la parroquia redondelana de Chapela, hasta donde llega el bus de Vitrasa) no está específicamente recogida ni en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Vigo y Abanca para modernizar las tarjetas, ni en las instrucciones aprobadas en Junta de Gobierno local para tramitar las solicitudes de la PassVigo.

Asimismo, justifica la suspensión de ese requisito porque, mientras no se resuelva el contencioso, «los perjuicios derivados de mantener la exigencia de empadronamiento se generarían continuadamente a un número indeterminado de personas», no solo de Redondela, sino de cualquier otro lugar de procedencia.

Así, los vecinos de los concellos que rodean a la ciudad olívica ven satisfecha su reclamación para ser incluidos entre los beneficiarios de los descuentos en los billetes de autobús. «La podrá tener alguien de Honolulu», comentó el alcalde Abel Caballero.

El regidor olívico cargó contra el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de ir en contra de los intereses de Vigo. «El juez se basa en una ley de acompañamiento elaborada por Feijóo en 2017 para que los vigueses le paguen el transporte a los residentes de otros municipios. Él sabe que es anticonstitucional pero aún así la implantó porque los plazos son muy lentos y el daño y está hecho», apuntó el primer edil en rueda de prensa.

Caballero criticó que esta decisión judicial costará «millones de euros a la ciudad». «Habrá muchos casos en los que los vigueses que usen el transporte urbano de la ciudad paguen una tasa y los de fuera (en referencia a los jubilados de tipo I y II) viajen gratis. «Nos condena a pagar cientos de miles de euros en gente que no es de Vigo», recalcó el alcalde.

 

Fuente

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.