El paro en la Justicia retrasa los juicios por impago de la pensión del país sudamericano

Las dificultades al otro lado del Atlántico se dejan sentir en su otra orilla, la gallega. La Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Galicia (Apejuveg), conformada en su mayoría por retornados originarios de la comunidad, denuncia que muchos jubilados llevan sin cobrar su pensión de Venezuela desde «finales de 2015». En la vía judicial, explica su también portavoz, María Fernanda Ruíz Martín, obtienen lo que les niega el Estado español por tener «una pensión reconocida en el papel pero que no se cobra y, aunque se cobre no llega a 10 euros porque la moneda de Venezuela ha perdido todo valor». Sin embargo, esa vía judicial, en la que unas 200 sentencias en Galicia, calcula, les dan la razón, se topa ahora con los efectos del paro en la Justicia.

Así, señala, solo en Vigo y desde febrero, cuando comenzaron las movilizaciones de los trabajadores de Justicia, se suspendieron «al menos» una veintena de juicios que tenían fecha. No fueron atendidos, enfatiza, salvo algún caso puntual, «a pesar de que es una urgencia porque son personas mayores y no cobran nada». Hay personas, añade, que «perdieron dos veces la fecha del juicio» y a los últimos se les ha puesto fecha para 2019. «Es una tragedia esperar un año más», señala.

Así, por un lado, proponen que el Gobierno central habilite una solución para el problema, para evitar que los pensionistas tengan que ir caso por caso a los tribunales, aunque estos le estén dando la razón de que no se tenga en cuenta la pensión reconocida, sino la devengada. «Les pedimos a las autoridades que intervengan y que España termine por aceptar que hay un impago por parte de Venezuela y proteja al colectivo», añade.

Por otro, creen que la Administración autonómica, con cuyo titular, Alberto Núñez Feijóo, piden una reunión, puede «interceder» ante el Ejecutivo central y además disponer apoyos propios, como dicen que hace Canarias con sus retornados. «La comunidad, a sus nacionales gallegos, con algo podrá ayudarlos, con alguna ayuda de emergencia social, porque están a punto muchos de desahucio, otros de que les corten la luz… No tienen ninguna salida. Sí, les queda Caritas, que les da comida sin tener en cuenta la pensión reconocida de Venezuela, o Cruz Roja, las ONGs», explica.

Además de reclamar que las autoridades les reciban y pongan solución al problema, en lo que respecta la huelga en la Justicia piden que en los servicios mínimos se atienda a estos mayores y que, en todo caso, cuando la situación «vuelva a la normalidad», que se les dé «prioridad» en los juzgados, «que no les pongan fecha para el año que viene». «No tienen tiempo. No pueden esperar un año más», enfatiza la portavoz de los jubilados, quien insiste: «Es una situación extrema».

 

Fuente

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.