Jóvenes venezolanos son reclutados por grupos irregulares en la frontera

Paramilitares como los Rastrojos y las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional y del Ejército Popular del Pueblo actúan sin control en la línea limítrofe

La miseria y la necesidad de los venezolanos son aprovechadas por organizaciones subversivas de guerrilla, paramilitares y asociaciones criminales que ofrecen sustanciosas sumas de dinero a los migrantes para que integren estas agrupaciones.

Wilfredo Cañizares, director de la ONG Fundación Progresar, asentada en el departamento Norte de Santander de Colombia, indicó que hay al menos 12 grupos armados ilegales entre guerrilla, paramilitares y bandas criminales que están operando a uno y otro lado de la frontera común.

“Lo grave de esta situación es que entre 60% y 70% de los integrantes de grupos paramilitares como los Rastrojos son venezolanos entre 16 y 25 años de edad, que han sido reclutados a cambio de pagarles hasta un millón de pesos por vincularse a actividades ilegales”, aseguró.

La cifra representa al cambio en frontera más de 66,6 millones de bolívares o el equivalente a 50 salarios mínimos integrales, el sueldo de poco más de 4 años de trabajo.

La Fundación Progresar ha precisado en sus investigaciones que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que operan en el área metropolitana de Cúcuta y en la frontera de Villa del Rosario, privilegia el reclutamiento de venezolanos menores de edad. “Sabemos que las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional y del Ejército Popular del Pueblo, también han reclutado a venezolanos”, explicó Cañizares.

Javier Tarazona, coordinador de la ONG Fundación Redes de Táchira, ha hecho 4 denuncias en un lapso de 30 días sobre la incursión y presencia de subversivos en territorio venezolano. No cree que declarar una guerra sea la solución a la violencia en la frontera.

“Durante los 20 años que han estado en el ejercicio del poder, el gobierno de Venezuela ha permitido a través de su ausencia a lo largo y ancho de la frontera con Colombia de más de 2.200 kilómetros, que todos los grupos irregulares, llámese paramilitares o guerrilla que describo: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército de Liberación Nacional de Colombia, Ejército Popular del Pueblo, Ejército Bolivariano de Liberación (mutación de guerrilla venezolana), Los Rastrojos, Los Urabeños, Los Bota de Caucho y cualquier expresión de grupo irregular armado, tengan presencia”, dijo.

Indicó que la presencia del Estado no debe entenderse como la movilización de tropas militares hacia la línea limítrofe, sino a la ejecución de planes en los ámbitos educativo, salud pública y alimentación para que los ciudadanos cubran sus necesidades y así evitar que los irregulares, ante la precariedad, ejecuten acciones delincuenciales.

“Más allá que declararle la guerra a tal o cual organización, el gobierno debe asumir el papel que la Constitución y todos los tratados internacionales le dan en relación con las garantías de los derechos humanos”, aseveró.

Dijo que era notorio que cualquier funcionario de alguno de los cuerpos de seguridad del Estado que desee estar en la frontera paga a sus superiores para que los asignen a esa zona. “Y en menos de lo que canta el gallo, terminan teniendo propiedades inimaginables y vehículos. Me pregunto cuántos de los oficiales que han estado en frontera soportan una auditoría de las propiedades que tienen”, afirmó.

Entre las denuncias hechas por Tarazona destaca la entrada en funcionamiento de dos emisoras más de la guerrilla colombiana: 105.5 FM y 94.7 FM, ambas del ELN, organización subversiva que ya tiene desde hace años tres emisoras en operación: Antorcha Stereo 96.7 FM, La voz de la libertad 95.5 FM y Antorcha Elena 90.1 FM. Hace 12 días, la FANB descubrió equipos y una especie de cabina en la parroquia San Camilo del Alto Apure.

Tarazona exigió a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones el bloqueo de la señal que llega a seis estados del país.

También denunció en las instancias gubernamentales la utilización de las cajas de comida de CLAP por parte del ELN, para entregarlas a las personas con mensajes adoctrinantes.

La lista

En el informe Una mirada local al crimen organizado en la frontera colombo-venezolana, de diciembre de 2017, la Fundación Progresar señala al Ejército Paramilitar Nortesantandereano como el principal responsable de los hechos de violencia en la zona de frontera. También están el ELN, el EPL, los Rastrojos, los Urabeños, el Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Advierte el informe que la decisión unilateral del presidente Maduro de cerrar la frontera con Colombia fue crucial.

“Todos estos grupos complementan un universo diverso y abundante de actores ilegales con presencia, más o menos permanente, en esta parte de la frontera colombo-venezolana. Esta compleja situación de violencia social y política se agravó con la decisión tomada por el gobierno venezolano el 15 de agosto de 2015 en cuanto a cerrar la frontera con Colombia y decretar, seis días después, el estado de excepción”, se lee en el documento.

“Los fuertes operativos de control y registro desarrollados durante varios meses después del cierre fronterizo trajo como consecuencia el regreso a los municipios colombianos de Puerto Santander y las áreas rurales del Zulia, Cúcuta y Villa del Rosario de grupos armados como los Rastrojos y los Urabeños, que tiempo atrás habían decidido hacer actividades ilegales a partir del territorio venezolano”, continúa el texto.

“En el último año han estado nuevamente incursionando en territorio venezolano, usando el territorio para protegerse de la persecución colombiana, para cometer ilícitos allí de homicidios, desapariciones, secuestros y controlar las grandes rutas de la ilegalidad del narcotráfico y el contrabando”, explicó.

Cañizares advirtió que el mayor elemento generador de violencia es la corrupción de lado y lado de la línea limítrofe.

“Hemos hablado de una corrupción de ida y vuelta. Una corrupción en la fuerza pública venezolana acantonada en la frontera y una corrupción rampante e impunidad en la fuerza pública colombiana acantonada en territorio colombiano”, indicó.

Y agregó: “Le hemos dicho al gobierno colombiano que si no ataca la corrupción nunca se van a solucionar los problemas de violencia y criminalidad que hay allí. Hay que solucionar los problemas de miseria, pobreza y desempleo que tenemos en el área metropolitana de Cúcuta”.

 

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